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Se empieza a proponer una ampliación del período de carencia de los avales ICO.

Tras la extensión del cese de actividad y los ERTE, se ha abierto el debate sobre la necesidad de prorrogar el periodo de carencia de los créditos ICO dada la situación en la que se encuentran los miles de autónomos y pymes que los han solicitado.

“Con la epidemia descontrolada, la movilidad se resiente, los ciudadanos dejan de comprar, las empresas ingresan menos y no lograr generar el dinero suficiente que les permita devolver la deuda que han contraído en los últimos meses”

“La realidad exige una ampliación de los plazos de devolución, flexibilizando los periodos de carencia y de amortización”.

Estas son algunas de las manifestaciones recogidas los últimos días en los medios de comunicación. La prensa se ha hecho eco de lo que están pidiendo a gritos nuestras Pymes y autónomos. El vencimiento de las amortizaciones de capital de las líneas ICO, para muchos de los que lo solicitaron en el mes de abril ha empezado. Tenga en cuenta que la mayoría de las ofertas de préstamos se hicieron con periodos de carencia de seis meses o un año. En el mejor de los casos los beneficiarios de estos avales empezarán a ver la soga de la asfixia en la primavera de 2021.

Conscientes de ello, el Gobierno, la banca y los empresarios están estudiando mecanismos para evitar que las empresas puedan sucumbir por la falta de liquidez que se prevé en los próximos meses como consecuencia de una mayor virulencia de la crisis sanitaria, insospechada en marzo, cuando comenzaron las medidas de ayudas para paliar la parálisis de la economía.

Economía intenta flexibilizar las condiciones ante la amenaza de una escalada de la morosidad por la incapacidad de empresas y autónomos para hacer frente a los préstamos tras el periodo de carencia.

En los inicios de la crisis del Covid-19, el pronóstico era mejor de lo que la realidad ha confirmado. Nadie pensaba que la debacle económica que están viviendo los autónomos y el resto del tejido productivo del país iba a durar tanto. Con el paso del tiempo, hemos visto que lejos de iniciar una recuperación, la economía del país no deja de empeorar.

La normativa sobre este tipo de avales establece que, en caso de no poder devolver esos préstamos, será el ICO quien tenga que hacerlo. Las arcas públicas deberán asumir hasta un 80% del fallido.

Ahora bien, si el banco ejecuta el aval, el Estado paga, pero luego va a reclamar ese dinero a quienes no hayan podido hacer frente a sus deudas. Luego….el banco tiene la seguridad de que cobrará del Tesoro público pero su cliente, o sea, la empresa, seguirá teniendo la misma deuda, pero ahora con el Estado como acreedor.

Modificaciones propuestas

Las medidas ahora en debate pretenden ampliar los plazos de amortización de los créditos de 5 a 8 años, tal y como se estableció en las condiciones de la segunda línea de avales del Estado por 40.000 millones destinada a la inversión.

Además, se intenta extender los periodos de carencia a dos años como mínimo y configurar la reestructuración de créditos de forma similar a como lo hacen los bancos (con quitas y conversión de deuda en capital, entre otras medidas).

Obstáculos

El diseño de las nuevas normas podría estar listo en las próximas semanas, aunque la decisión final no depende solo del Gobierno español, se necesita la aprobación de Bruselas porque los ICO están dentro del marco de exención de ayudas de Estado.

Este cambio normativo es más difícil de lo que en principio parece, puesto que requiere, además de los permisos pertinentes de la CE, modificaciones en el marco estatutario del Instituto de Crédito Oficial.

A todo ello habría que sumar el hecho de que subir de un plazo de amortización de un crédito ICO de cinco a ocho años, medida que pretende dar oxígeno a la empresa para pagar el préstamo, tendría como consecuencia el aumento del tipo de interés que asumen las entidades financieras y eso, siempre es difícil.

Un saludo

ATRUJILLO

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